Por Daniel Weinstein y Catalina Troncoso, socio y asociada senior del área de Minería y Recursos Naturales de Morales & Besa Abogados.
La Ley N°21.770, que establece la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, si bien representa un esfuerzo relevante para modernizar el régimen de permisos en Chile, tendrá un efecto acotado, y que dependerá además en gran medida de la calidad de los reglamentos que la implementen y de la capacidad institucional del Estado para llevar a la práctica los cambios propuestos.
Progresos en Coordinación, Plazos y Estabilidad
Uno de los aportes más relevantes de la Ley Marco es que establece principios y procedimientos comunes para los permisos sectoriales, corrigiendo la dispersión normativa y los criterios dispares entre organismos, lo cual, si es bien implementado, debería reducir la incertidumbre que hoy sufren los desarrolladores de proyectos mineros.
En efecto, para la minería, que interactúa de manera simultánea con varias instituciones y servicios públicos en las distintas etapas de los proyectos, esta uniformidad permite anticipar resultados y reducir la exposición a interpretaciones diferentes. Un ejemplo es el establecimiento de límites a las multas aplicables por el Sernageomin, las que no podrán exceder de 100 UTA.
En esta línea, el Ministerio de Economía propuso que la mayoría de los permisos otorgados por Sernageomin se clasifiquen como autorizaciones de proyecto, con un plazo máximo de 50 días y aplicación del silencio positivo (si la autoridad no responde dentro del plazo, el permiso se entiende otorgado), y como autorizaciones de profesional o servicio, con un plazo máximo de 60 días y silencio negativo (la falta de respuesta se considera un rechazo, permitiendo al solicitante ejercer las acciones correspondientes).
Se introducen también las denominadas Técnicas Habilitantes Alternativas, tales como avisos o declaraciones juradas que sustituyen permisos tradicionales respecto de actividades de bajo riesgo, lo que se espera contribuya a agilizar los procesos.
Otro elemento destacable es la creación de un régimen de estabilidad normativa que permite “congelar” por hasta ocho años la regulación aplicable a los permisos sectoriales luego de obtenida la Resolución de Calificación Ambiental. En una industria con horizontes de inversión largos y altos CAPEX, esta herramienta contribuye a reducir el riesgo regulatorio y puede favorecer el acceso a financiamiento, especialmente en proyectos de gran escala.
Finalmente, la Ley Marco introduce avances tecnológicos, como la incorporación de la plataforma SUPER, con el fin de centralizar y estandarizar la relación entre los titulares y los organismos públicos.
Implementación Compleja y Alcance Limitado en el Corto Plazo
A pesar de sus avances, el impacto inicial de la Ley Marco en la práctica se ve limitado, ya que no toca el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que continúa siendo el principal espacio donde se generan controversias y retrasos asociados a los grandes proyectos mineros.
La Ley Marco también exige un amplio desarrollo reglamentario. Numerosos organismos deberán dictar nuevos reglamentos en plazos que, históricamente, no se cumplen. Además, muchos de esos plazos vencerán durante la próxima administración, lo que abre la puerta a que existan diferencias en los criterios de implementación.
Asimismo, varios conceptos centrales, como el alcance de las Técnicas Habilitantes Alternativas o los criterios de clasificación de riesgos, quedaron definidos de forma general y se remiten a reglamentos cuya dictación aún se encuentra pendiente. Lo anterior puede generar en el intertanto incertidumbre para los inversionistas. En la práctica, ello puede traducirse en proyecciones más conservadoras de cronogramas y presupuestos, mayores exigencias a nivel de due diligence y decisiones de inversión más cautelosas mientras no exista plena claridad normativa.
Por último, la plataforma SUPER deberá integrarse con múltiples sistemas tecnológicos, los que en algunos casos están muy desactualizados. Si la integración no se concreta adecuadamente, puede que se reemplacen problemas antiguos por nuevos, sin lograr el salto en eficiencia esperado.
Qué Esperar
Si bien la Ley Marco representa un avance en la modernización del Estado y en la reducción de la dispersión normativa del régimen de permisos sectoriales, su real impacto será acotado. Para avanzar hacia un sistema que efectivamente promueva la inversión en minería, es necesaria una reforma profunda al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y de instituciones sobre las cuales existe consenso sobre su urgente modernización, como el Consejo de Monumentos. Es de esperar que la nueva administración aborde estas materias con prontitud.
