En las últimas semanas hemos escuchado hablar frecuentemente de los minerales críticos, que se han ubicado en el centro de la llamada “guerra comercial” entre China y Estados Unidos. Chile, que se ha consolidado como uno de los pilares de la minería mundial —no solo por la abundancia de sus recursos, sino también por su tradición institucional y su rol estratégico en los mercados globales— tiene hoy una oportunidad concreta para consolidarse como un proveedor confiable en un mercado cada vez más competitivo. Pero también tenemos el deber de pensar qué queremos para nuestra minería en el futuro, cuando los yacimientos actualmente en operación dejen de ser rentables.
La sola ventaja geológica ya no basta
Chile lidera la producción y reservas mundiales de cobre y renio, es el segundo mayor productor de litio (aunque cuenta con las mayores reservas globales) y ocupa un lugar destacado en otros minerales estratégicos. Según datos recientes, más del 70% del capital destinado a exploración en el país proviene del extranjero. A nivel global, Chile es el cuarto receptor de inversión exploratoria, después de Canadá, Australia y Estados Unidos.
Sin embargo, para transformar esa ventaja geológica en un liderazgo a largo plazo, es indispensable fortalecer el ecosistema de exploración minera, especialmente en proyectos greenfield, que abren nuevas zonas de interés geológico.
Chile sigue siendo un país atractivo para invertir en exploración, pero ya no corre solo. Compite con países que hace una década ni siquiera estaban en el radar de los inversionistas, e incluso con jurisdicciones que antes eran consideradas inviables para la inversión minera.
Exploración bajo presión
Hoy, la exploración en Chile enfrenta una presión financiera creciente. A los altos costos inherentes a la actividad se suma la reciente alza en las patentes mineras. Aunque estas alzas buscan también desincentivar el acaparamiento especulativo y dinamizar el mercado secundario de concesiones, su efecto será especialmente severo para las compañías junior, que en muchos casos deberán destinar una parte considerable de su presupuesto anual al pago de patentes, limitando su capacidad de ejecutar campañas de exploración.
A ello se suma la creciente demora en la tramitación de permisos y autorizaciones, que no solo encarece y dificulta la exploración, sino que también introduce incertidumbre y riesgo a una actividad que, por definición, ya es de alto riesgo.
Reformas para fomentar la exploración
En este escenario, se vuelve imprescindible adoptar medidas concretas que fomenten la exploración sin debilitar la certeza jurídica. Una opción es ampliar la hipótesis que permite acceder a la tarifa reducida de patentes —actualmente limitada a la exploración avanzada— para incluir también las etapas tempranas, siempre que se acredite actividad efectiva y gastos. También puede considerarse exigir una inversión mínima deducible del pago de patente, para no penalizar a quienes sí están trabajando sus concesiones.
En materia tributaria, sería más que razonable evaluar la implementación de mecanismos como el modelo canadiense de flow-through shares, que permite a los inversionistas deducir de su base imponible los gastos incurridos por empresas en etapa temprana. Asimismo, establecer la devolución del IVA pagado por empresas que aún no generan ingresos (y que por tanto no pueden recuperar el crédito fiscal) mejoraría de forma sustancial la liquidez del sector explorador.
Es crucial que quienes toman decisiones regulatorias entiendan bien el nivel de riesgo que asume quien invierte en exploración. En proyectos greenfield de cobre, solo 1 de cada 1.000 prospectos llega a convertirse en un yacimiento económicamente viable y, eventualmente, en una mina operativa. Por eso, los países que aspiran a desarrollar minería deben, por un lado, incentivar activamente la exploración y, por el otro, eliminar o mitigar los riesgos innecesarios.
El Estado no puede mirar desde la galería
Impulsar la exploración requiere también un Estado activo en la generación y difusión de información geológica y del país, a través de instituciones como Sernageomin y Cochilco, ampliamente reconocidas a nivel internacional. Se debe considerar la creación de fondos público-privados orientados específicamente a apoyar la exploración en minerales críticos.
Al mismo tiempo, es clave fortalecer la cooperación internacional. Chile tiene la oportunidad de consolidarse como socio estratégico de países que buscan garantizar su acceso a minerales críticos. Firmar acuerdos que aseguren cadenas de suministro estables puede generar alianzas de largo plazo con actores relevantes como Estados Unidos, la Unión Europea o Japón, entre otros.
También es importante comunicar bien nuestras fortalezas a los actuales y potenciales inversionistas extranjeros. Aunque es cierto que la exploración se ha vuelto más compleja en Chile en los últimos años, seguimos contando con atributos que muchos países que hoy están “de moda” no tienen —ni tendrán en mucho tiempo— para atraer inversiones en exploración minera.
El liderazgo no se hereda: lo construimos con decisiones
Chile cuenta con ventajas sustantivas: estabilidad institucional, una tradición minera sólida, respeto a la propiedad, ausencia de nacionalizaciones por más de cinco décadas, infraestructura, capital humano y un ecosistema minero desarrollado. Pero en un mundo competitivo, donde los minerales críticos se han vuelto una prioridad estratégica, esas fortalezas ya no son suficientes por sí solas.
Necesitamos una política de exploración activa, moderna y coherente con los desafíos actuales. Solo así podremos mantener nuestra posición de liderazgo y seguir siendo un actor clave en la transición energética global.