- En medio del avance en el Congreso de dos iniciativas del Gobierno que buscan disminuir la denominada “permisología” que enfrentan los proyectos de inversión en el país, los participantes en el encuentro coincidieron en la necesidad de priorizar proyectos de infraestructura estratégicos para el país, como las líneas de transmisión eléctrica.
Santiago, 15 de octubre 2024.- En el marco del conversatorio “Obras de interés nacional: Por una nueva institucionalidad ambiental 2.0 para acelerar el desarrollo de Chile”, expertos de distintas organizaciones -públicas y privadas- analizaron el avance de la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente -denominada “Evaluación Ambiental 2.0”- que busca fortalecer la institucionalidad ambiental y que, en conjunto con el proyecto de permisos sectoriales, pretenden agilizar la entrega de autorizaciones necesarias para iniciar un proyecto de inversión.
El encuentro contó con la participación de Ricardo Díaz, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental de CONAF; Robert Currie, ex jefe del Departamento de Legislación y Regulación del Ministerio del Medio Ambiente y director de Estrategia Ambiental en Azerta; Marcela Klein, consultora y ex jefa de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía y Paulina Riquelme, abogada especialista en temas ambientales.
Al inicio de la actividad, el gerente general de Transelec, Arturo Le Blanc, destacó que las obras que ejecuta la compañía -de transmisión eléctrica, de desalinización y transporte de agua y de almacenamiento- son en su gran mayoría de interés nacional. “Son proyectos que aportan al crecimiento del país y cumplen una agenda que va más allá del interés de una empresa, es una agenda nacional, de descarbonización, de una minería más verde”, recalcó.
Le Blanc explicó que este “no es un llamado a bajar el nivel” en términos de protección sino a tener mayor agilidad y coherencia en la evaluación ambiental de estas obras. A modo de ejemplo señaló que, actualmente, un proyecto lineal como una línea de transmisión eléctrica requiere más de 300 permisos sectoriales distintos, entre otras dificultades. Por ello, hizo un llamado a aprovechar los actuales proyectos de Ley en el Congreso para trabajar en conjunto, empresas y autoridades, con el objetivo de agilizar esta infraestructura tan necesaria y urgente para Chile. “Acá lo que está en juego es el bienestar del país”, subrayó.
Por su parte, Ricardo Díaz, de CONAF, destacó la importancia de la coordinación entre empresas y sector público: “cada vez que presentan proyectos que son estratégicos o de interés nacional es necesario tener una retroalimentación con los ministerios que están a cargo de estas iniciativas. Comenzar en etapas tempranas a conversar, a analizar, cuáles serán los emplazamientos, los recursos que serán afectados. Abordarlo en forma anticipada es una gran ventaja”.
A su turno, la consultora Marcela Klein, puntualizó que existe una paradoja porque las obras de interés nacional “son muy queridas por la población, por el Estado, por el gobierno de turno, pero a la vez son muy complejas de evaluar. Por ejemplo, la participación ciudadana que se usa para un proyecto inmobiliario es la misma para una planta de residuos o para una línea de transmisión, pero ésta tiene sus propias particularidades. Evidentemente hay que establecer una regulación especial para este tipo de proyectos”.
En tanto, Paulina Riquelme, abogada especialista en temas medioambientales, manifestó sus reparos al proyecto de “Evaluación 2.0”, advirtió que no logra despolitizar el proceso y planteó que se necesitan cambios un poco más radicales. Además, la profesional enfatizó que “hay temas que se resuelven no solo con ley, sino con gestión” y agregó que “una priorización adecuada sería la creación, en el Servicio de Evaluación Ambiental, de una oficina para poder guiar y acompañar la evaluación de proyectos de interés estratégico, como los proyectos de transmisión, por su complejidad”.
Robert Currie, director de Estrategia Ambiental en Azerta, enfatizó que el proyecto de Ley “comenzó con más dudas que certezas” aunque durante el debate parlamentario se han incorporado indicaciones que han permitido ajustes en algunos aspectos. Tal es el caso, dijo, de los “proyectos urgentes” herramienta que existe actualmente y permite reducir en un 50% su tramitación, pero que es muy específico, y que con esta iniciativa podrían ampliarse. “Se busca poner como proyectos urgentes los de infraestructura crítica o relevante para el país, una suerte de obra de interés nacional. Así que hay un ánimo de los parlamentarios de avanzar en estos proyectos estratégicos”.
Currie agregó que las ambiciosas metas de descarbonización del país implican el desarrollo de condiciones habilitantes como la aprobación de proyectos de transmisión que permitan conectar y transportar la energía renovable que se está generando en el país.
Las intervenciones completas de los participantes y más detalles de las discusiones planteadas en el conversatorio estarán pronto disponibles en el canal de Transelec en Youtube
Azerta
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