La industria minera chilena, reconocida por su relevancia global, está enfrentada a un desafío urgente: responder a la enorme necesidad de cobre y otros metales -denominados críticos o estratégicos- que en los próximos años presionará la demanda de estos metales.
Este desafío debiera estar movilizando toda clase de recursos públicos y privados, no sólo por la oportunidad que significa para el desarrollo del país, sino también por la responsabilidad que involucra a nivel mundial, de proveer los metales necesarios para combatir el cambio climático y obtener la carbono-neutralidad dentro de los plazos comprometidos internacionalmente.
Sin embargo, nos encontramos en una compleja indefinición frente al desarrollo, que se ha transformado en un complejo entramado de regulaciones, burocracia y discrecionalidad administrativa y política. Un hecho notable es la cantidad de permisos requeridos para un proyecto minero, especialmente en la gran minería, que conlleva extensas demoras e incluso la suspensión indefinida de iniciativas, mientras se evalúan estas aprobaciones.
Esta situación se vuelve aún más crítica para la mediana minería, que, a pesar de tener menores impactos ambientales, se ve sometida a las mismas exigencias que la gran minería y en reiterados procesos de calificación ambiental, dada la vida útil más corta de sus proyectos.
La complejidad de este sistema y la discrecionalidad presente en los procesos de evaluación son problemas que no pueden ser pasados por alto. La presencia de múltiples autoridades, con distintas facultades y competencias para la evaluación, agrava aún más la situación, resultando en una tramitación de permisos lenta y confusa.
La posible transformación de evaluaciones ambientales en decisiones políticas desencadena inseguridad y afecta la confianza de los inversores, quienes requieren certezas para comprometer recursos en proyectos de largo plazo, como son las iniciativas mineras.
Este entorno negativo se está reflejando en indicadores objetivos, como es el retroceso en la competitividad minera de Chile a nivel global, pasando del 6°lugar, en 2017, al puesto 35°, en 2022, en el índice de competitividad minera de Fraser Institute, y la notoria caída en las inversiones en el sector, de acuerdo a recientes informes de la Corporación de Bienes de Capital.
Para impulsar la industria minera chilena y mantener su atractivo a nivel global, se requiere una revisión normativa y administrativa que permita agilizar los procesos de obtención de permisos sin comprometer la responsabilidad ambiental.
En este sentido, esperamos que la anunciada reforma al Sistema de Evaluación Ambiental sea una oportunidad real para enfrentar estos desafíos con una mirada de futuro y de largo plazo, y resguardando el desarrollo económico.
A esta altura, como lo hemos señalado insistentemente desde SONAMI, no cabe duda que la minería chilena se enfrenta a una encrucijada en la búsqueda de un desarrollo sostenible y competitivo.
La implementación de reformas que simplifiquen y agilicen los procesos de obtención de permisos ofrece la oportunidad de sentar las bases para un futuro en el que la minería chilena siga siendo una pieza clave en la economía nacional y, también, a nivel global.
